DELITOS ECONÓMICOS, POLÍTICAS PÚBLICAS DE REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ANGOLA (2010): UN ANÁLISIS CRÍTICO-PENAL
Resumen
El presente artículo analiza la relación entre la criminalidad económica y la implementación de políticas públicas de redistribución de la riqueza en Angola, con énfasis en la realización de los derechos sociales consagrados en la Constitución de la República de Angola de 2010.Se sostiene como hipótesis central que prácticas como la corrupción, el peculado y el blanqueo de capitales reducen la capacidad financiera del Estado al disminuir los ingresos fiscales y desviar recursos destinados a sectores sociales esenciales.La investigación adopta una metodología jurídico-dogmática, basada en el análisis de normas constitucionales y legales relativas a los derechos sociales, las finanzas públicas y la represión de la criminalidad económica, complementada con la revisión crítica de informes institucionales y datos de órganos de control.Los resultados indican que la desviación de recursos públicos impacta directamente la ejecución de políticas sociales, limitando inversiones en salud, educación y protección social.Asimismo, se constata que el sistema de justicia penal presenta limitaciones estructurales, como la morosidad procesal, la baja recuperación de activos y dificultades en la rendición de cuentas de los agentes públicos, lo que reduce el efecto disuasorio de las sanciones y favorece la persistencia de estos delitos. Se concluye que la realización de los derechos sociales no depende únicamente de su reconocimiento constitucional, sino también de la eficacia de los mecanismos de prevención y sanción de la criminalidad económica.En este sentido, se defiende el fortalecimiento del control financiero, la transparencia administrativa y la responsabilidad penal como condiciones esenciales para la consolidación del Estado social en Angola.
Biografía del autor/a
Doctorando por la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) en Ciencias Jurídicas, en el área de Derecho Penal. Magíster en Derecho por la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO). Posgraduado en Derecho por la Universidade 11 de Novembro. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidade Agostinho Neto (UAN).
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