CAMBIOS EN LA LEY DE IMPROBIDAD ADMINISTRATIVA

Resumen

La ley, en definitiva, exige asegurar el ejercicio de la ciudadanía, configurando la antijuridicidad para violar sus principios, con el pretexto de realizar la probidad administrativa. De hecho, la ley está constituida por normas de conducta generadas por una apreciación frente a los hechos verificados en el contexto social. Uno de los principios más cedidos del derecho administrativo es la preponderancia de los intereses de la sociedad civil, personificada en el Estado, por encima de los intereses del individuo. Sin embargo, la Constitución, una matriz en la que todos los segmentos jurídicos echan raíces, garantiza enfáticamente los derechos y garantías individuales. No se trata de una hipérbole que el derecho administrativo ponga en práctica la constitucionalidad. Por lo tanto, regula las acciones no solo de la ciudadanía, sino también del propio Estado. A pesar de la celeuma, los recientes cambios en la Ley N° 8.429 de 2 de junio de 1992, son una iniciativa para llevar, al Derecho Administrativo Sancionador, las garantías ciudadanas ya secularizadas en el derecho penal, de las cuales no son exclusivas. Este enfoque es relevante, especialmente en relación con el art. 10 del citado diploma, utilizando el magisterio contenido en el ensayo "El daño a la Ermita como requisito para la configuración del acto de improbidad del Art. 10 de la Ley Nº 8.429/92", de la minería del jurista Raphael de Matos Cardoso.